'Ulises Ruiz debe renunciar': Benjamín Robles

*El Diputado Local convergente señaló que el gobernador debe separarse de su cargo para ser investigado por el conflicto del 2006

Rusvel RASGADO
JUCHITÁN, OAX.- El Diputado Local por Convergencia, Benjamín Robles Montoya dijo que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz debe renunciar a su cargo para comparecer a juicios civiles y penales, tras conocerse el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que concluyó que el mandatario y sus jefes policiacos tenían responsabilidad en las violaciones cometidas a los derechos humanos durante el conflicto del 2006.
En conferencia de prensa, Robles Montoya pidió al Congreso de la Unión, al Congreso Local y a la Procuraduría General de la República (PGR) y demás autoridades competentes, inicien las averiguaciones previas y los procedimientos para deslindar las sanciones penales, civiles, administrativas y políticas, contra los funcionarios estatales involucrados por el conflicto social que se vivió en Oaxaca en el 2006.
“Te exhortamos, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, que por dignidad solicites licencia al cargo de gobernador constitucional y sin el fuero, comparezcas como ciudadano a enfrentar el debido proceso, con todas las garantías de defensa y las consecuencias jurídicas que te resulten”, expresó.
De lo contrario, -aseguró- el partido Convergencia no claudicará e interpondrá todas las acciones legales, para que las autoridades competentes agoten los procedimientos y en su momento ejerciten las acciones penales en contra del gobernador, “para hacer justicia a los deudos y se te reclamen resarcir los daños y perjuicios, que con tu conducta, unas permisivas, otras omisivas, otras más dolosas, provocaste”, dijo, en un mensaje dirigido a Ulises Ruiz.
Dijo que cada uno de los Diputados que integran el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados de Oaxaca, deben cumplir con la protesta de Ley que juraron y actuar en consecuencia, considerando que la conclusión al que llegó la SCJN, resulta suficiente y necesaria para iniciar el juicio de procedencia.
“En otras palabras, ante tu negativa y actitud soberbia de separarte del cargo, se te desafuere, y así te veas obligado a comparecer a juicios civiles y penales que acumules”.
“Diputados, este es el momento de cumplir y hacer cumplir el imperio de la Ley y el estado de derecho, sin distingos partidistas o afinidades ideológicas”, expuso.
Tampoco, -agregó-, deben propiciar dilaciones para desaforar a Ulises Ruiz, puesto que la conclusión de la Suprema Corte de Justicia, sí obliga por su carácter declarativo de culpatividad, del gobernador de Oaxaca, someterlo a juicio político, así como a los demás inculpados.
“A la sociedad oaxaqueña le decimos que indudablemente que con el fallo de la SCJN, se ha dado un gran paso con la justicia que demandan los oaxaqueños, pues más allá de identificar con nombre y apellido a los responsables, con múltiples y graves violaciones a las garantías individuales de este Estado, la sanción tiene que apegarse estrictamente a derecho, tal y como sucede con todo delincuente”.
Benjamín Robles comparó el fallo de la SCJN contra Ulises Ruiz, con lo ocurrido de manera similar con Rubén Figueroa, quien fungía como gobernador de Guerrero en 1995, responsabilizado en parte por la muerte de 17 campesinos.

“En

ese entonces, Rubén Figueroa, por ética, renunció a su cargo, y Ulises Ruiz tiene que hacer lo mismo, porque no podemos concebir un gobierno que viola los derechos humanos de sus gobernados”, puntualizó.

Violó Ulises Ruiz garantías individuales durante el conflicto en Oaxaca: SCJN

Ministros exculpan a Fox y funcionarios de su gabinete de los hechos de 2006 y 2007

Jesús Aranda/La Jornada

OAXACA, OAX.- El gobernador Ulises Ruiz es responsable de violaciones graves de garantías individuales ocurridas en Oaxaca, resolvió ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por siete votos a cuatro.
Los ministros consideraron que el mandatario estatal no cumplió con su obligación de mantener el orden público y que su omisión derivó en “desorden generalizado” en la capital del estado y su zona conurbada de mayo de 2006 a enero de 2007 y en julio de este último año.
En una sesión en la que algunos ministros cambiaron de opinión y votaron en contra de sus afirmaciones previas, el máximo tribunal rechazó por ocho votos a tres la propuesta de los ministros Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío de incluir al ex presidente Vicente Fox; a Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública federal, y a Carlos Abascal, quien fue titular de Gobernación, entre los culpables de permitir que la falta de gobernabilidad en la entidad diera lugar a acciones de particulares que derivaron en la afectación de derechos fundamentales.
Exentos de responsabilidad
También quedaron exentos de cualquier acusación el general Héctor Sánchez Gutiérrez, ex coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, y Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), actual diputado federal.
A su vez, el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, reprochó al mandatario oaxaqueño pretender “trasladar el problema a la autoridad federal”.
Ningún integrante del pleno apoyó a Silva Meza en su intención de responsabilizar también al presidente Felipe Calderón –argumentó que la violación de garantías continuó después del relevo presidencial–, y sólo hubo apoyo para agregar, entre las garantías individuales violentadas, el derecho a la información.
Quedaron en palabras también las intervenciones de ministros que afirmaron el pasado miércoles que las autoridades federales incurrieron en omisión al no atender a tiempo la petición del Ejecutivo y el Congreso oaxaqueños de apoyar a la fuerza pública local para resolver el conflicto social que se vivía.
Después de dos días de sesiones, en los que cada ministro fijó su postura sobre la investigación solicitada en 2006 por la Cámara de Diputados, el pleno resolvió con velocidad inusitada una investigación que duró año y medio y fue sintetizada en un proyecto de 923 cuartillas.
Los ministros sólo coincidieron en señalar que hubo violación generalizada de garantías.
La votación mayoritaria sólo responsabilizó a mandos policiacos estatales: al director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; al director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y al director de la Policía Auxiliar, Joaquín Darío Berges.
También responsabilizó a policías locales y federales que incurrieron directamente en el uso excesivo de la fuerza en los operativos en que tomaron parte.
Ayer la voz discordante fue la del ministro Silva Meza, quien enfatizó que los hechos en Oaxaca “pasarán a formar parte como páginas negras del libro de la historia de nuestro país”.
Acusó a Daniel Cabeza de Vaca, entonces procurador general de la República, de haber mentido en el informe que entregó sobre los hechos, al aseverar que no habían participado agentes federales en tres cateos. También censuró al Ejército por negarse a informar los nombres y cargos de los soldados que participaron en los operativos, aun cuando estuvieran en calidad de comisionados en la PFP.
Infructuosamente, Silva Meza convocó a sus compañeros a reivindicar el derecho que tienen las víctimas a la reparación, para actuar en contra de los servidores públicos que hayan vulnerado sus garantías individuales.
Tampoco se sumaron a su exigencia de considerar violado el derecho a la verdad, “entendido como un mecanismo de reparación de derechos humanos, como una medida de no repetición.
“Al estudiar el caso Oaxaca, a la luz de lo ocurrido en Atenco, podríamos concluir que estamos frente a una responsabilidad de Estado agravada, lo cual vuelve imposible exculpar a quienes estuvieron encargados del mando de las fuerzas federales en ambas ocasiones”, dijo, y añadió que los dos casos, que fueron analizados por la Corte, “sucedieron con pocos meses de diferencia; que en el ámbito federal involucra a varias autoridades: el mismo titular del Ejecutivo, el mismo secretario de Gobernación, el mismo titular de Seguridad Pública federal, el mismo procurador”.
La resolución que señala la responsabilidad de Ruiz, aprobada por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero, será enviada, una vez que se redacte la versión final del dictamen, al presidente de la República, al Congreso, a los gobernadores, a los procuradores –incluido el General de la República– y a los titulares de Seguridad Pública federal, estatales y municipales.
La Suprema Corte ordenó también que la resolución se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado de Oaxaca.